Cuando Vicente Guilarte se topó con la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hace casi un año, pensó dos cosas. La primera es que había llegado al cargo por el "dudoso mérito" de ser el más mayor de los vocales que quedaban allí tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes y la jubilación de su primer sustituto, Rafael Mozo. La segunda es que su posición solo tenía sentido si la utilizaba para ayudar a desbloquear el Consejo "sin vencedores ni vencidos" y para defender "la independencia judicial".
Desde entonces, Guilarte ha hecho lo posible por encauzar el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular, ha propuesto alternativas para el desbloqueo y se ha distanciado de cualquier pronunciamiento polémico del órgano que preside. Se ha posicionado siempre en contra de los ataques a jueces y ha perdido gradualmente la esperanza de solucionar este problema. "Hay que renovar el Consejo, yo siempre he intentado ayudar... Si no se consigue, yo creo que no pinto mucho", dejó caer en febrero.
Y sin embargo, en el mes de abril presentó en el Senado y el Congreso un plan detallado para desencallar la situación, un documento que se ha dado a conocer esta semana, cuando el presidente del Gobierno ha lanzado su ultimátum al PP para poner fin al "día de la marmota". Pedro Sánchez plantea una reforma legal para cambiar las funciones del Consejo si no hay un acuerdo con Génova antes de julio. Según ha declarado, esta propuesta está en parte inspirada en el plan de Vicente Guilarte.
Paso uno: renovar el Consejo
El CGPJ se compone de 20 vocales y un presidente que es también el del Tribunal Supremo. Entre los 20 vocales, hay 12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio. El modelo actual, definido por la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial, establece que el 100% de los vocales son nombrados por el Parlamento: el Congreso nombra a cuatro juristas y seis jueces, los mismos que el Senado. La Constitución obliga a que los ocho juristas sean nombrados por las Cámaras, pero cabe la posibilidad de cambiar el modelo de elección para los 12 jueces.
A juicio de Vicente Guilarte, "la actual situación política y social que se califica, con razón, de polarizada" impide que la renovación se produzca en los términos actuales. "Sería difícil que los vocales designados pudieran apartarse en su actuación de la línea política que los designó", explica el jurista. Por eso, en caso de continuar con el modelo de elección parlamentaria, Guilarte cree que "debería procurarse la ajenidad de los nombrados a toda contaminación política previa".
Es imprescindible escoger a vocales con un "peso decisivo" en la carrera y "sería muy oportuna la presencia de profesionales cualificados con acreditada experiencia internacional". Y para evitar "el perfil político" de los candidatos podría impedirse el nombramiento de vocales que en los años previos hayan ocupado cargos políticos.
Como alternativa a una elección parlamentaria más reglada que la actual, Guilarte contempla que los 12 jueces del consejo sean nombrados por sus partes, asegurando también que son ajenos a la contaminación política y tratando de que haya un equilibrio entre los jueces asociados y los que no lo están.
El sorteo como "solución coyuntural"
Vicente Guilarte es consciente de que la elección parlamentaria y la judicial están sobre la mesa desde hace tiempo como dos modelos opuestos en una negociación "enquistada". Por eso propone que "de forma totalmente coyuntural" se recurra a un sorteo entre los candidatos que las asociaciones propusieron al Parlamento en 2018 aspirando a que las Cámaras los nombraran entonces. Una vez realizado el sorteo y nombrados los vocales, habría que realizar toda una serie de reformas que plantea Guilarte y luego ratificar su nombramiento.
La clave a largo plazo: los nombramientos de la cúpula
Una de las razones por las que el CGPJ se ha visto inmerso en un bloqueo crónico es el poder que tiene este órgano a la hora de decidir quiénes integran la cúpula de la Justicia. Partiendo de esta idea, y con la intención de objetivar los nombramientos en los altos tribunales, Vicente Guilarte incluye en su plan varias propuestas de cara a una posible reforma legal.
Aborda, en primer lugar, el nombramiento de cargos gubernativos en las audiencias provinciales, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las presidencias de Sala del Tribunal Supremo. La primera opción es que los cargos gubernativos de estos órganos sean votados por los jueces "del territorio respectivo".
Habría una votación y los electores serían los jueces sobre los que el tribunal, la audiencia o la sala tiene competencias gubernativas. Además, detalla Guilarte, los candidatos deberían "presentar un programa de actuación". El jurista prevé también que se exija a los candidatos un mínimo de antigüedad y una vinculación con el territorio. En este caso, el CGPJ se limitaría a convocar, organizar y garantizar el funcionamiento del proceso electoral.
Como alternativa, Guilarte propone que las presidencias de las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia roten entre los presidentes de sección o de Sala. "Se eliminan los criterios discrecionales para los cargos gubernativos y se asume un cierto grado de autonomía", justifica el presidente del Consejo. La tercera alternativa es que se sigan "criterios de antigüedad y no tanto rotatorios para proceder a las designaciones contempladas".
Para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, Guilarte plantea la creación de una "comisión cualificada" formada por vocales del CGPJ y por magistrados del Supremo, presidida por un vocal que sea magistrado en el alto tribunal o, en su defecto, por uno "especialista en la materia". El objetivo, en todo caso, es "evitar la mácula política de los nombrados y potenciar que impere el mérito y la capacidad".
La Comisión que ha ideado Guilarte "podría estar compuesta por cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso". Entre ellos habría vocales del Consejo que reúnan la capacitación para valorar los méritos de los candidatos. Si no los hay, podrían suplirles magistrados del Supremo elegidos "por sorteo inicial y ulterior turno rotatorio". Todas estas medidas son esenciales, tal y como indica Guilarte, antes de que se ejecuten los 122 nombramientos pendientes a día de hoy.
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